Autoconvocados requirió a Gialluca que intervenga ante descuentos a estatales por la obra social que no pueden utilizar

“El caso necesita de la voluntad política de las partes en cuestión para dar una respuesta de estricta justicia social a los trabajadores de la administración pública en general y del ministerio de Educación en particular”.

El gremio Docentes Autoconvocados presentó ante la Defensoría del Pueblo una nota pidiendo intervención para subsanar o corregir una situación de injusticia respecto al salario de quien empieza un trabajo, no cobra inmediatamente por cuestiones burocráticas, pero tampoco tiene la obra social. Sin embargo cuando le abonan tiene el descuento.

La nota, firmada por la secretaria general del gremio, Nilda Patiño indica que “se trata de lograr que quien empiece a trabajar en cualquier organismo de la Administración Pública Provincial y por el cual tenga derecho a la prestación de la obra social, en este caso IASEP, pueda tener acceso a las prestaciones correspondientes más allá de la mora en la percepción del salario. Pues por distintas razones ocurren o se dan situaciones de altas tardías, en educación principalmente, y cuando se produce el trámite de alta se reconoce el servicio prestado con retroactividad al acto administrativo, con los aportes y descuentos correspondientes. Obviamente allí figura el aporte a la obra social a la que jamás puede tener acceso hasta tanto se acredite que se efectuó el aporte”.

“Es de estricta justicia que logre remediarse esta cuestión que entiendo solo requiere que las partes acuerden mecanismos de información que hoy la tecnología facilita enormemente para dar una respuesta de Justicia Social, pues el trabajador hace aporte de un servicio que no tuvo, que le será negado si lo solicita, pero para el cual se le descontará aportes al momento de percibir su salario atrasado”, continúa la nota.

Se le explica además al Defensor del Pueblo de Formosa, Dr. Leonardo Gialluca que “el caso necesita de voluntad política de las partes en cuestión para dar una respuesta de estricta justicia social a los trabajadores de la administración pública en general y del Ministerio de Educación en particular”.

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